Uno de los mayores desafíos para el nuevo Congreso liderado por la oposición es lograr la normalización del Instituto Nacional de Estadística y Censo que fue intervenido en 2007 por el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Lograr esa normalización encierra varios desafíos.
El primero es que en estos años ingresaron cientos de nuevos empleados que son leales a la intervención y que podrían jugar en contra de cualquier proceso; el segundo, es que se echaron o reacomodaron a cientos de empleados de carrera que eran los que lograban la excelencia del organismo y garantizaban que existan estadísticas fidedignas.
El tercer tema es cómo reconstruir los datos que no se relevaron en estos años. El último asunto es netamente económico: existen muchos bonistas que tienen indexada parte de la deuda en función de un índice inflacionario. El gobierno aduce que gracias a la intervención se ahorraron millones de pesos en ese concepto. Si las estadísticas se normalizaran y se descubriera que el gobierno efectivamente trampeó los índices, esos bonistas podrían hacerle juicios millonarios al Estado que tal vez le serían imposibles de pagar. Así las cosas, normalizar el Indec no es tarea fácil y existen discrepancias entre la oposición sobre cómo hacerlo.
Para todos los gustos
Existen en el Congreso 30 proyectos que impulsan de una u otra manera poner la lupa sobre las estadísticas durante el kirchnerismo. Ocho son pedidos de informes sobre alguna información puntual (incluyendo un pedido de audiencia con el ministro de Economía) y cuatro son declaraciones repudiando la intervención. 13 proyectos de ley piden modificaciones legales al organismo para normalizarlo, cesar su intervención o convertirlo en un órgano a cargo del Congreso de la Nación. Tal vez el más osado es uno del diputado Gerardo Milman (Gen – Buenos Aires), que propone convocar a una consulta popular para que la gente se exprese a favor o en contra del cese de la intervención. Sin embargo, las diferencias en el arco opositor hacen complicado avanzar con un proyecto que plantee una reestructuración del organismo. Las diferencias no son insalvables, pero existen y todos saben que no es una tarea fácil.
Los cuatro proyectos que faltan para llegar a los 30 son los que tienen mayor consenso entre la oposición en el Congreso y que incluso tendrían el apoyo de algunos aliados al Gobierno. Se trata de crear una comisión bicameral que investigue el desempeño del Indec durante estos años y determine si hubo o no alteración en las cifras, algo que es un secreto a voces pero que nunca fue demostrado fehacientemente.
De todas las propuestas la que cosecha más adhesiones es una elaborada por Claudio Lozano, con ayuda de trabajadores del Indec, y que cuenta con las firmas de legisladores de casi todos los partidos políticos. Por la UCR lo acompaña Miguel Ángel Giubergia (vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y referente económico del bloque); por el PRO, Christian Gribaudo. También lo firman varios diputados de la Coalición Cívica, del SI, de Proyecto Sur y las legisladoras de Libres del Sur, Cecilia Merchan y Victoria Donda. El socialismo tiene un proyecto muy similar aunque le da menos poderes a la Comisión. Pero veamos de qué se trata la propuesta de Lozano.
¿La ley del consenso?
La Comisión Bicameral que propone Lozano tendría como objetivo “reorganizar y normalizar el funcionamiento del INDEC”. Se establece que el organismo pasaría a depender directamente del Congreso a través de un director nombrado por la misma bicameral. El proyecto permite a la comisión remover a los funcionarios nombrados por decretos, resoluciones, etc., y ordenar la reposición en sus cargos y funciones de todo el personal que fue desplazado, despedido o forzado a renunciar.
Por último ofrece amplias facultades a la Comisión para investigar qué pasó en estos años de la intervención y si hubo o no manipulación de las estadísticas públicas.
El proyecto del socialismo, que Mónica Fein presentó en Diputados y Rubén Giustiniani en el Senado focaliza sobre la investigación de lo que pasó al interior del organismo. “No hay dudas de que la crisis del INDEC supera ampliamente un conflicto gremial en un organismo del Estado. Se trata de una crisis institucional que afecta la producción de estadísticas públicas vitales para toda la sociedad”, sostiene Giustiniani. El último proyecto que propone investigar lo que pasó es de la Coalición Cívica y fue elaborado por Juan Carlos Morán.
Más allá de quiénes sean los autores intelectuales de la medida, se trata de una idea que cosecha amplios respaldos: permitiría analizar a fondo el tema, darle exposición pública, pega en el corazón de uno de los bastiones kirchneristas y permite ganar tiempo para pensar cómo resolver el problema de fondo de las estadísticas. “El problema acá no es de metodología sino de que se trampean los números”, explica la ex directora del Indice de Precios al Consumidor, Cinthia Pok, que fue separada de su cargo por la intervención.
Un organigrama distinto
Más allá de la comisión investigadora -idea que tiene más consenso hoy por hoy porque es más fácil de aplicar que una reforma integral- algunos legisladores también plantean hacer cambios en la conformación del organismo.
El diputado Gerardo Milman (GEN – Bs. As.) presentó un proyecto para que el organismo sea controlado por un ente similar al que aplica la ley de medios. Habría en ese caso una autoridad estadística de ocho miembros: uno del Ejecutivo, tres legisladores, dos representantes de los trabajadores (uno por UPCN y otro por ATE), un director del Consejo Interuniversitario Nacional y uno del Consejo Federal Estadístico, que será un ente que nucleará a todos los Indec provinciales.
La radical Silvana Giudici propuso en el Congreso que el Indec cambie la figura jurídica actual (es un organismo a cargo del ministerio de Economía) por otra que le daría más independencia. Se convertiría, si se aprobara su idea, un “ente de derecho público no estatal con individualidad administrativa y financiera” que sería sujeto a los controles de la Auditoría General de la Nación. El funcionamiento sería similar al que rige actualmente en el PAMI.
La idea de la autarquía es también promovida por el peronismo federal, con Walter Agosto (Santa Fe) a la cabeza. “El INDEC debe mantenerse al margen de los vaivenes socio-políticos, por lo cual se justifica ampliamente que sea un organismo autárquico”, sostiene el legislador. La idea es que esté a cargo de un directorio integrado por un Presidente, un vicepresidente y tres directores. Todos serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación. Además habría un consejo asesor conformado por representantes de universidades públicas. Un esquema similar de elección de autoridades propone el demócrata Omar de Marchi (PD – Mendoza).
Más cercana al Gobierno -y sin cuestionamientos tan explícitos a la gestión del kirchnerismo- la diputada Silvia Vázquez (Forja – Bs.As), quien propone aumentar los controles cruzados a través de la creación de un Sistema Estadístico Argentino. La idea, entre otras innovaciones, es crear una oficina estadística a cargo del Congreso de la Nación, similar a la oficina de Presupuesto que existe en el Congreso de los Estados Unidos. “Es imprescindible, incorporar a nuestra cultura nacional el concepto de que los datos estadísticos deben ser sagrados y respetarlos más allá de las circunstancias, como si fuera parte de nuestra religión laica”, opina la legisladora. “El aporte que puede realizar el Parlamento será de enorme importancia y atento al carácter representativo del mismo contribuirá a lograr credibilidad en el Sistema Estadístico Argentino y a fortalecer una cultura de colaboración intraestadual que es necesario desarrollar en nuestra sociedad y práctica política”, aclara.
A los numeritos
Como se ve, existen muchas propuestas para reformar el organismo. El Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, parece tener la voluntad y los votos para hacerse cargo del tema del Indec. El problema es que cuántos más temas coyunturales aparezcan para resolver más urgente, más se dilatará el tratamiento de este asunto. En ese sentido, todos los legisladores consultados coinciden en que el conflicto por las reservas fue una traba para avanzar con esta cuestión.
La otra coincidencia es que el problema en el Indec no es metodológico sino de números. Así lo indican los trabajadores despedidos o marginados en el organismo. De acuerdo a esta idea, lo que habría que revisar es la forma en que se consiguen, se vuelcan y se procesan los datos que recoge el Indec. Hasta que no se transparente esa información la Argentina no podrá tener un sistema estadístico confiable.
Publicado en revista NCN de abril
PIEDRA POME 